El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza el régimen vigente desde 1980. La promulgación se formalizó mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo.
La norma había sido sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 durante el periodo de sesiones extraordinarias y constituye una reforma integral del sistema penal aplicable a menores de edad en conflicto con la ley. Entre sus principales cambios, establece un nuevo régimen para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos y sanciones diferenciadas respecto del sistema penal de adultos.
Baja de la edad de punibilidad
Uno de los puntos centrales de la ley es la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años, lo que permitirá que adolescentes a partir de esa edad puedan ser sometidos a un régimen penal específico. A su vez, la reforma deroga el régimen anterior —la Ley 22.278— vigente desde la última dictadura militar.
Penas alternativas y enfoque de reinserción
El nuevo sistema incorpora un esquema amplio de penas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico o programas educativos y de capacitación laboral. La privación de la libertad queda reservada para los casos más graves y con un máximo de 15 años de pena, quedando prohibida la prisión perpetua para adolescentes.
Además, el régimen establece medidas de acompañamiento educativo, programas de resocialización y supervisión por equipos interdisciplinarios, con el objetivo de favorecer la reintegración social de los jóvenes que cometen delitos.
Derechos de víctimas y nuevas herramientas procesales
La normativa incorpora herramientas procesales específicas para el ámbito juvenil, como la mediación penal, el criterio de oportunidad y la suspensión del proceso a prueba, además de ampliar los derechos de las víctimas, que podrán participar en determinadas instancias del proceso.
Asimismo, establece estándares para los institutos especializados de detención juvenil, que deberán contar con condiciones diferenciadas respecto de los establecimientos penitenciarios para adultos.
Entrada en vigencia
La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación, plazo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá definir la autoridad de aplicación y avanzar en la adecuación de las estructuras judiciales y de los dispositivos especializados para adolescentes.
Aquí el texto completo de la ley:
