Restricción vs Apoyo en época de pandemia: ¿cómo puede pensarse el cuidado de las personas mayores en esta crisis?

La implementación de programas de control de la circulación para las personas mayores está siendo debatido en el mundo y CABA no es la excepción. Estamos ante un crisis inédita donde no hay manuales, ni recetas, y los Estados «ensayan» soluciones: ¿Cómo puede pensarse el cuidado de las personas mayores en esta crisis?, ¿Cuál es el rol del Estado en esta tarea?, ¿ Y el de la comunidad?. El debate entre la restricción vs el apoyo, nos demuestra, que aún en tiempos de emergencia, las sociedades pueden alertar y limitar los avances sobre la autonomía y la discriminación, logrando que los Estados “recalculen” sobre las acciones elegidas.

Sabemos que el virus Covid-19 tiene como principales víctimas a las personas mayores (el promedio de la tasa de mortalidad en Argentina ronda los 70 años) y a las personas de todas las edades que poseen factores de riesgo, por lo que es de vital importancia desplegar medidas para cuidarlas. Actualmente, diferentes países del mundo están debatiendo acciones que permitan sostener una cuarentena lo más extendida posible para esta parte de la población y así evitar una escala inevitable de fallecimientos.

En el caso de CABA, el gobierno anunció un programa que solamente permitía la salida de las personas mayores mediante una autorización de la línea 147. Esta medida dio varios volantazos hasta cambiar de dirección la última semana. Al principio se informó que se trataría de una restricción de salida sólo para las personas de más de 70 años. Con la previa consulta a la línea 147, indicando el motivo de la decisión, se podía acceder a un permiso de circulación diario. En el caso de que la persona sea demorada en la calle y no tenga la constancia del permiso, se preveían multas. Luego se decidió cambiar las multas por horas de trabajo comunitario sosteniendo la restricción. Finalmente se comunicó que solo se trataría de un red de apoyo que brinde consejos para que las personas mayores eviten salir de sus casas.

Esta transformación de la política, que pasó de ser un dispositivo de restricción de salidas a configurarse en un sistema de apoyo para las personas mayores, fue producto de una disputa que encontró su máxima manifestación en el repudio generalizado sobre el carácter coercitivo y discriminatorio de la medida. En épocas de emergencia, la voz de la sociedad funcionó como una alerta, un llamado de atención directo ante los avances desmedidos por parte del diseño estatal.

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Argentina en 2015, funciona como el único instrumento jurídico de nuestra región. Este marco establece la protección y el reconocimiento en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades de la persona mayores, asegurando su autonomía, y respetando sus opiniones. Se deja atrás el paradigma que considera a la personas mayores como beneficiarios, un grupo marginado y discriminado, y se los reconoce como sujetos plenos de derechos con el fin de avanzar en la construcción de sociedades más inclusivas.

El programa “Mayores Cuidados” pareciera estar basado en este principio. Cuando la persona mayor no puede o no quiere salir de su casa para realizar las tareas cotidianas, el Estado despliega una red de contención para asistirla ya sea de manera presencial o telefónica, realizando servicios vinculados a lo material pero también al orden del bienestar emocional. El abordaje integral es necesario cuando se trata de diferentes personas con necesidades múltiples; y por otro lado, el respeto a la decisión de utilizar o no el servicio de cuidado es importante en relación al ejercicio de la autonomía de cada adulto mayor. El Estado, a su vez, mediante campañas de información siempre tiene la posibilidad de persuadir para lograr lo que supone ser el bien colectivo, evitando así caer en mecanismos prohibitivos.

En los tiempos que corren, el camino a seguir es la búsqueda de soluciones que incluyan la implementación de políticas públicas de cuidado integrales basadas en la cooperación comunitaria, dejando atrás la implementación de mecanismos coercitivos cargados de estereotipos en función de la edad, que imponen sanciones y aplican restricciones a una parte de la población.

Se trata justamente de “poner a disposición” el Estado, de “ofertar” servicios de cuidado para que las personas mayores puedan elegir. De esta manera, la línea 147 junto al programa “Mayores Cuidados” pueden constituirse en herramientas efectivas que acompañen y aconsejen a las personas mayores durante la cuarentena.