SOCIEDAD

Las universidades públicas irán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para garantizar la vigencia de la Ley N° 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, promulgada pero suspendida por el Poder Ejecutivo.

Cuarenta años después del primer plenario del CIN, volvemos a encontrarnos en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, afirmó el presidente del CIN, Oscar Alpa, al cerrar el encuentro.

El anfitrión, Leandro Vergara, decano de Derecho de la UBA, advirtió que “un decreto no puede suspender una ley” y subrayó que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún tratándose de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

En la misma línea, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, consideró que la suspensión de la norma “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”. Y agregó: “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta; corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.

El plenario también resolvió solicitar al Congreso Nacional la aprobación del Presupuesto 2026, incorporando como base los recursos establecidos por la ley de financiamiento universitario, para asegurar previsibilidad y estabilidad al sistema universitario público.

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